Se estima que los productores llegarán a perder más de US$ 800 por hectárea en campo alquilado.
En algo coinciden el sector público y privado: la sequía, en combinación con las heladas tardías, genera un fuerte impacto sobre el volumen de trigo que llegará a la cosecha.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que la cosecha de trigo del ciclo 2022/23 podría ser de 12,5 millones de toneladas, lo que dejaría las exportaciones de trigo más bajas desde 2015/16, la industrialización más baja desde 2017/18 y el menor stock final desde 2017/18. Se espera que el remanente sea de 1,3 millones de toneladas: «Es un nivel muy ajustado en términos históricos para la Argentina», advierte Emilce Terré, analista de la BCR.
Bajo este marco, el sector exportador solicitó al Gobierno autorizar una prórroga en los embarques programados (8,9 millones de toneladas) a través de la Declaraciones Juradas (DJVE). Ante este pedido, desde la secretaria de Agricultura señalan ven «factible» avanzar en una reprogramación de ventas al exterior: «Es una medida que puede ayudar a la planificación de la salida del cereal y contemplar simultáneamente el abastecimiento del mercado interno», indicó Juan José Bahillo, secretario de Agricultura.
«No descartamos ninguna medida; será nuestra obligación y responsabilidad acompañar y ayudar al sector productivo a transitar esta circunstancia desfavorable», sostuvo el funcionario.
Ante la posible prórroga para la DJVE de trigo, la consultora Mónica Ortolani señala que lo que puede pasar en el mercado de trigo es «una burla». «El productor cuando sembró el trigo y compró sus insumos realizó un contrato forward, que por ese entonces se fijaba a US$ 300 la tonelada. Hoy el trigo está US$ 346 aproximadamente y, para anular el contrato, se cobra una multa de US$ 46 por cada tonelada incumplida», explica la titular de Tónica, una consultora en donde hay contenidos para el sector desde un enfoque financiero y humano.
«Lo que sucede es que, si el exportador logra prorrogar esos contratos, debería devolverle la multa que cobró a los productores. Esta multa se cobra para cumplir con los envíos al exterior, en el caso de que el exportador deba comprar esa mercadería en otro lado. Es una burla obscena», comenta Ortolani y agrega que «el Gobierno debería concederla (a la prórroga) si se traslada al productor, porque el exportador no va a tener que salir al mercado a pagar más caro para cumplir con el mercado de exportación».
Mónica Ortolani es Contadora Pública Nacional (UNR) y realizó un programa en Dirección Gerencial (Univ. Austral), Posgrado en Agronegocios y Alimentos (UBA) y Diplomatura en Comercio Exterior (Univ. Siglo XXI).
Ortolani remarca: «Queda demostrado que más intervenciones lo único que logran es que la harina y los productos llegan más caros a los consumidores y que los productores estén más pobres. En el medio, exportadores, Cámaras y el Gobierno se pagan la fiesta con fideicomisos, diferencial cambiario y retenciones, y la pagan productores y consumidores».
«El trigo es uno de los granos más sensibles. Dejen producir», concluye y señala que «hay otras herramientas que el sector productivo y las bolsas y mercados deberían impulsar más, como el intercambio de riesgo de crédito por futuros, transformar el forward en futuro. Que los sectores se unan y dialoguen».
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